Maestra: Martha Aída Araceli Tamayo

Marco Jurídico

Las cuestiones más elementales que debemos plantearnos son por qué es importante el marco jurídico para la celebración de elecciones democráticas y qué significa exactamente el término “marco jurídico”. A la primera cuestión se responde de manera convincente en una publicación del National Democratic Institute for International Affairs (NDI) titulada Promoción de marcos jurídicos para las elecciones democráticas:

Establecer las “reglas del juego” electoral debe ser una preocupación de vital importancia para los partidos políticos, los candidatos y los ciudadanos. Las elecciones democráticas sirven para establecer una competencia justa y pacífica entre aquellos que aspiran a ejercer poderes públicos como representantes del pueblo. Asimismo, constituyen un medio a través del que la ciudadanía manifiesta libremente su voluntad y otorga autoridad y legitimidad a sus representantes para tomar las riendas del gobierno. Así pues, tanto los candidatos electorales —los partidos políticos y sus candidatos— como el conjunto de la población— los ciudadanos y sus colectivos— tienen un interés directo e inmediato en que las normas de la contienda electoral, así como su aplicación, garanticen una verdadera elección democrática.

En el ámbito electoral, el término “marco jurídico” tiene un significado general y otro de carácter técnico. En términos generales, puede considerarse que el marco jurídico es un conjunto de normas constitucionales, leyes, reglamentos, jurisprudencia y disposiciones administrativas que determinan el derecho de voto de los ciudadanos para elegir a los cargos representativos. En un plano más técnico, el marco jurídico es también un conjunto de técnicas procedimentales. Desde ese punto de vista, el término comparte ambos significados; sin embargo, es recomendable elaborar una definición de trabajo lo más amplia posible, a fin de facilitar una comprensión más plena.

Existe la posibilidad de que el marco jurídico se amplíe a través de reglamentos electorales que autoricen a los ciudadanos a ejercer los poderes públicos (al hacer uso de los instrumentos jurídicos para alcanzar objetivos legislativos, definir las políticas públicas o destituir a un cargo público). Las elecciones no son el único camino para elegir a los titulares de los cargos públicos (se efectúan nombramientos legales y aleatorios, y se celebran elecciones en órganos colegiados, por ejemplo en los consejos de administración de las empresas, que no se someten a ninguna clase de ley electoral) ni se celebran exclusivamente con ese propósito. De hecho, permiten que los ciudadanos acepten o rechacen proyectos de ley, decisiones gubernamentales o resoluciones de las autoridades públicas (para lo que se recurre a referéndums, litigios colectivos y procedimientos de destitución).